Morosidad y Empresas
Esta es la nota de prensa elaborada por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad
Nota de prensa
La reforma de la ley de la morosidad a 60 días supondría para las pymes un ahorro anual de 6.420 millones de euros
• La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad exige que el debate para modificar la ley no se demore más
• La Plataforma ha exigido al Gobierno que “se tome el problema en serio y acelere la introducción de las modificaciones legales que lleven a unos plazos de pago razonables, en línea con las prácticas de nuestros vecinos europeos”
• España es, después de Grecia, el segundo país de Europa donde más se tarda en pagar
Madrid, 25 de Noviembre de 2009. Más de 300 representantes de asociaciones empresariales asistieron a la Cumbre político-empresarial convocada el pasado miércoles en el Ateneo de Madrid, y organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Todos con un objetivo común: exigir que se reforme ya la Ley de Medidas de lucha contra la Morosidad en les Operaciones Comerciales. La Plataforma ha calificado la ley de “anacrónica”, y ha exigido al Gobierno que “se tomen el problema en serio y aceleren la introducción de las modificaciones legales que lleven a unos plazos de pago razonables, en línea con las prácticas de nuestros vecinos europeos”.
España es, después de Grecia, el segundo país de Europa donde más se tarda en pagar. El plazo medio de pago en el sector privado español es actualmente de 98 días, frente a los 57 en el ámbito europeo. En el sector público español se tarda en cobrar 139 días de media, más del doble que en Europa, donde el plazo medio es de 67 días.
Según datos de la Plataforma, las grandes empresas son las que tardan más en hacer efectivos los pagos (solo un 13% son puntuales, versus al 61% de las micro, el 52% de la pequeñas y el 31% de las medianas). Pero esta dilación en los plazos de pago afecta sobretodo a las pymes y “está provocando el cierre de muchas por falta de liquidez”, lo que es “uno de los motivos del aumento de la tasa de paro”, como han indicado los portavoces de la Plataforma.
Uno de los principales problemas de la ley, según la Plataforma, es que la ley limita el plazo de pago de las empresas pero al mismo tiempo una cláusula dificulta su aplicación si hay "acuerdo entre las partes". Además, según señala la Plataforma, “la ley define el concepto de «plazo abusivo» pero no se aplica, como tampoco se aplican los intereses de demora por miedo a perder el cliente”. En conclusión, la ley vigente contra la morosidad “no incorpora procedimientos efectivos para reclamar los impagos ni para garantizar cobrar de los morosos”.
Ahorro de 6.420 millones
Las organizaciones empresariales piden que en la reforma de la ley se establezca como plazo máximo de pago los 60 días (o 45 desde el final de mes), sin libertad de pacto entre las partes. La Plataforma ha calculado que cobrar a 60 días en vez de a 98 supondría para las pymes un ahorro anual de 6.420 millones de euros en costes financieros. Si se tuvieran en cuenta los menores costes financieros para las grandes empresas, el ahorro total podría sumar más de 9.000 millones de euros al año. La Plataforma también propone la creación de un organismo oficial que tutele la aplicación de la ley, que se publique e implemente urgentemente el reglamento y que se establezcan sistemas ágiles de arbitraje.
A nivel Europeo, la Comisión está preparando una directiva que no gusta porque “no piensa en las pymes”, ha comentado Andrea Benassi, secretario general de la patronal de las pymes europeas (UEAPME). “La morosidad es un problema europeo y Bruselas la está regulando, pero la directiva tiene dos carencias: no contempla ninguna sanción automática para el que no paga, y señala que se debe pagar en el plazo fijado, pero si se demuestra objetivamente que no es posible, podrá hacer el pago cuando quiera”. Por eso Benassi ha animado a gobernantes y agentes económicos y sociales españoles para que “la modificación de la ley española se convierta en una «best practice» para la directiva europea”.
Oportunidad para reformar la ley
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 23 de junio considerar la Proposición de Ley presentada por CIU para modificar la ley y actualmente debería iniciarse ya el debate parlamentario, una vez finalizado el plazo de presentación de enmiendas parciales a esta iniciativa. Pero la Plataforma duda de si el Gobierno da prioridad máxima a la reforma de esta ley. Por eso ha convocado esta Cumbre político-empresarial y ha invitado a todos los grupos parlamentarios a explicar su criterio ante la Propuesta de Modificación de la Ley 3/2004.
Los representantes de los principales grupos parlamentarios, Félix Larrosa (PSOE), Ramón Aguirre (PP), Josep Sánchez-Llibre (CiU) y Joan Ridao (ERC) han asistido a la Cumbre y han coincidido en la necesidad de reformar urgentemente esta ley. Sánchez-Llibre ha hecho referencia la Propuesta de ley que presentó su grupo parlamentario, resaltando que “sin el apoyo y sensibilidad de la Plataforma la propuesta no hubiera visto la luz” y ha confiado en que se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio antes de que acabe este año.
Por su parte, Ramón Aguirre ha apoyado la iniciativa de CiU puesto que “subsana una laguna política de la legislación española” y ha resaltado que existe “cierta desconfianza ya que detrás de este problema está la relación entre las grandes y las pequeñas empresas”. Ha augurado una continuidad en la mortandad de empresas si no se reforma la ley, y aunque se ha comprometido a aprobar la modificación de la ley para ayudar a las pymes, ha subrayado que “será una medida coja si no se resuelven los otros debates abiertos”, haciendo referencia la liquidez que necesita la actividad empresarial y los créditos del ICO.
Félix Larrosa ha señalado que la propuesta se puede mejorar en algunos aspectos como dejar claro qué se entiende por “abusiva”, confeccionar un código de conducta, establecer algunas garantías y regular las compañías de recobro de morosos. Finalmente, Joan Ridao ha urgido al Gobierno para que se tramite la propuesta, tan rápido como se haya solucionado el tema de presupuestos.
Para más información: Eva Prats - Tel. 93 496 45 11 / Ignacio Sogorb – Tel. 93 209 33 24
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